Panamá consolida un hito histórico de justicia social al unificar los criterios del Decreto Ejecutivo que regulará el nuevo Sistema Nacional de Cuidados
Panamá, 15 de septiembre de 2026. La Comisión Nacional de Cuidados alcanzó un consenso definitivo sobre el texto normativo del borrador de reglamentación de la Ley 431 de 25 de abril de 2024, consolidando un paso irreversible para la puesta en marcha de un sistema de protección social integral sin precedentes en el país.
Durante una intensa jornada de mesas técnicas celebrada en el Auditorio del Ministerio de Desarrollo Social, representantes de diversas carteras estatales y equipos jurídicos unificaron las competencias institucionales, los mecanismos de gobernanza y las directrices presupuestarias que darán vida operativa a este nuevo marco legal de corresponsabilidad pública y social.
La sesión concluyó de manera exitosa con el trazado oficial de la hoja de ruta jurídica que guiará la firma y promulgación del Decreto Ejecutivo presidencial en las próximas semanas.
La apertura del taller estuvo liderada por la Licda. Gladys Vallester, Directora de Políticas Sociales del MIDES, quien enfatizó que esta reglamentación no es meramente un trámite burocrático, sino la arquitectura técnica que permitirá pagar una deuda histórica con las poblaciones dependientes y con las miles de mujeres que sostienen la vida de forma invisible en los hogares panameños. Ballester remarcó la importancia estratégica de articular cada artículo con un enfoque de derechos humanos, asegurando que el despliegue del sistema responda con exactitud y transparencia a las realidades sociodemográficas urgentes de las diversas comarcas y provincias del país.
Con la reglamentación de esta ley, Panamá ratifica su posición a la vanguardia en América Latina al formalizar el cuidado como un derecho humano inalienable, promoviendo un modelo de corresponsabilidad compartida donde el Estado, las familias, la comunidad y la empresa privada asumen responsabilidades equitativas.
La estructura validada introduce herramientas de vanguardia respaldadas internacionalmente, como un baremo oficial de valoración de la dependencia desarrollado con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, asegurando la asignación justa y metodológica de apoyos domiciliarios y subsidios públicos. El sistema priorizará la cobertura de la primera infancia, personas mayores y ciudadanos con discapacidad en situación de dependencia, al mismo tiempo que establece un marco histórico de formalización laboral, certificación profesional y bienestar emocional para los cuidadores remunerados y no remunerados del país.