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En Los Santos capacitamos a facilitadores judiciales en “Procesos de Colocación Familiar de los Adultos Mayores”

En Los Santos capacitamos a facilitadores judiciales en “Procesos de Colocación Familiar de los Adultos Mayores”

Un total de 19 Facilitadores Judiciales  de los  distritos  de Las Tablas, Guararé y Pocrí de la provincia de Los Santos, fueron capacitados en el tema “Procesos de Colocación Familiar de los Adultos Mayores”, coordinado  por el Centro de Orientación y Atención Integral, (COAI).

Ésta capacitación se realizó con la finalidad de brindar orientación a los Facilitadores Judiciales sobre la intervención que se realiza con adultos mayores, niños, niñas personas con discapacidad, y sobre todo en la gestión del acceso a recursos específicos.

También se les explicó que se organizan mediaciones con los miembros del hogar, en situaciones de conflicto familiar para lograr que cumplan con su deber a la hora de  ofrecer el trato adecuado y satisfacer las necesidades emocionales, del cuidado, protección y acompañamiento a estos grupos poblacionales.

Otro tema abordado que la valoración de las situaciones de riesgo, emocional y/o negligencia, como también los aspectos de la protección legal de la familia; en qué consiste la colocación familiar, cómo procede y el papel del MIDES con los adultos mayores, siendo el rector de las políticas sociales del Estado.

Se aprovechó la oportunidad para aclarar algunas inquietudes expuestas por los participantes, sobre el  Programa 120 a los 65, en relación a las corresponsabilidades que los beneficiarios deben cumplir una vez que ingresan al mismo.

Samuel Mora, director provincial de Mides – Los Santos, dio las palabras de bienvenida a los asistentes y se comprometió a realizar capacitaciones constantes con los promotores sociales para que puedan trabajar en conjunto, abordar las problemáticas de nuestros beneficiarios y mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios.

Con la sanción y promulgación en Gaceta Oficial de la Ley 36 del 2 de agosto de 2016, Panamá cuenta con una legislación dirigida a proteger los derechos de las personas mayores de 60 años, sean nacionales o extranjeros residentes.

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