Ley Instituto Mujer

Exposición de Motivos

Nuestro país atraviesa por un proceso de reformas para la modernización de sus instituciones públicas. El sentido de tales reformas parte de ser conscientes y consecuentes con la necesidad de abrir las nuevas perspectivas de desarrollo social y humano que el país demanda.

Una de las más importantes reformas de este periodo es la que corresponde a la institucionalidad social como eje y fundamento del desarrollo humano sostenible, con el objetivo de fomentar la organización y participación social en la lucha contra la pobreza, el hambre, las discriminaciones y el desempleo; promover la inclusión social y la solidaridad, teniendo como norte llegar a los distintos grupos poblacionales y áreas geográficas que históricamente han estado marginadas del desarrollo.

La experiencia de los años anteriores nos hizo ver que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, los niveles de pobreza se habían mantenido prácticamente igual, lo que nos indicaba que no bastaba con impulsar programas novedosos, sino que también era necesario impulsar una “Nueva Institucionalidad Social”, que superase la fragmentación de la política social, la poca articulación y coordinación de los programas y proyectos que la desarrollan y su escasa efectividad.

La nueva institucionalidad que se está construyendo concentra las responsabilidades de rectoría en el Ministerio de Desarrollo Social. En la actualidad, el MIDES está ampliando sus capacidades para concertar, formular, dar seguimiento y evaluar las políticas sociales, regular la calidad de los servicios sociales y promover el fortalecimiento del capital social.

El sector social requiere de un conjunto de Secretarías e Institutos descentralizados que lleven adelante el proceso de articulación y coordinación de los programas y proyectos que desarrollan las políticas, especialmente dirigidas a los grupos de atención prioritaria.

Desde hace más de una década, los esfuerzos por alcanzar la igualdad y equidad para las mujeres, han sido constantes y persistentes. En la actualidad, el país cuenta con una abundante legislación que así lo establece, desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, a esa igualdad y equidad formal, requerimos acompañarla de acciones realmente efectivas que involucren a todas las instituciones públicas y privadas del Estado panameño.

Y es que para las mujeres, que constituyen la mitad de la población de nuestro país, existen desigualdades aún no superadas que no permiten su incorporación efectiva en el desarrollo nacional, tales como: la pobreza, el analfabetismo, el desempleo, las diferencias salariales, desigual acceso al crédito y a la propiedad de la tierra; desigual acceso a la educación, salud y vivienda; y el no reconocimiento del trabajo dentro del hogar, entre otras.

Uno de los asuntos que merece especial atención y que limita el desarrollo integral de las mujeres, es el fenómeno social de la violencia que se ejerce en su contra, la que ocurre en mayor proporción dentro del ámbito doméstico y es inflingida por personas muy conocidas y cercanas a ellas. Además de la violencia en las relaciones de pareja y la doméstica, las mujeres panameñas se enfrentan también a la violencia sexual, entre otras formas de violencia.

Resulta una tarea impostergable que establezcamos una nueva institucionalidad pública con las competencias y capacidades necesarias para verificar que los programas y proyectos del Estado, contemplen las necesidades reales de las mujeres para su desarrollo integral y con la fortaleza para articular y dar seguimiento a las acciones interinstitucionales implementadas para el cumplimiento de todos los mandatos de la ley No.4 del 29 de enero de 1999“por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres”.

Es por ello que hoy proponemos una acción concreta para seguir avanzando en la igualdad y equidad para las mujeres, que permita elevar el perfil del actual mecanismo nacional de la mujer, a un ente coordinador y articulador de los programas y proyectos necesarios para superar las desigualdades e inequidades.

Este proyecto ley es el resultado del consenso acordado por el gobierno y organizaciones para el desarrollo de la mujer, de un proceso democrático que da cumplimiento a los compromisos establecidos en la Plataforma de Acción de Beijing, el Tercer Pacto Mujer y Desarrollo y el Consenso de Quito.

Por todas las razones expuestas en esta exposición de motivos, sometemos a la consideración y discusión de la Asamblea Nacional, el presente proyecto de Ley.