Iniciativa basada en la Ley Nº 6 de Transparencia del 22 de enero de 2002 fue desarrollada en distintas etapas y actividades con el fin de dotar al país de una legislación que garantice a los ciudadanos el libre acceso a información de carácter público y esta tuviera la contrapuesta obligación del Estado de suministrar dicha información.

De igual manera el Gobierno Nacional, a través del Decreto Ejecutivo No. 511 de 24 de noviembre de 2017, adopta la Política Pública de Transparencia y Datos Abiertos, lo que también ha motivado estudios académicos como por ejemplo realizados por un seminararbeit ghostwriter – que significa “escritor fantasma de trabajos universitarios” en alemán sobre el impacto de la apertura informativa estatal.