Mides lidera cambio histórico en la protección de las personas en situación de calle

• Administración de José Raúl Mulino crea Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de 2026.

• La creación de la Comisión Interinstitucional marca un hito en la protección social de Panamá al establecer un mecanismo permanente para prevenir la exclusión, restituir derechos y promover la reintegración social de las personas en situación de calle.

Panamá, 24 de julio de 2024. Panamá dio un paso sin precedentes en la protección social con la creación de la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de 2026.

La decisión convierte al Mides en el líder de este proyecto al asignarle la responsabilidad de coordinar la acción del Estado y articular una respuesta integral basada en derechos humanos, inclusión social y corresponsabilidad institucional.

La nueva Comisión reúne a las principales entidades públicas y fortalece el trabajo conjunto con la sociedad civil para promover la atención, la recuperación y la inclusión social de las personas en situación de calle, consolidando un modelo permanente de coordinación que marca un antes y un después en la política social panameña.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, afirmó que la creación de la Comisión representa un cambio estructural en la forma en que el Estado enfrenta esta realidad. «Por muchos años la situación de calle fue atendida mediante esfuerzos aislados y respuestas puntuales. Hoy Panamá establece un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional que coloca a la persona en el centro de la intervención, reconoce su dignidad y promueve la restitución efectiva de sus derechos. Este Decreto refleja la convicción de que nadie debe quedar excluido de la protección del Estado ni de las oportunidades para reconstruir su proyecto de vida», señaló.

Las personas en situación de calle enfrentan múltiples condiciones de vulnerabilidad, entre ellas pobreza, desempleo, ruptura de vínculos familiares y comunitarios, problemas de salud física y mental, consumo problemático de sustancias, discriminación y exclusión social, factores que requieren una respuesta coordinada del Estado.

La Comisión reunirá a instituciones con competencias complementarias para ofrecer una atención multidimensional. El Mides encabezará la coordinación general y la articulación de la política de protección social; el Ministerio de Salud liderará las acciones en materia de atención médica, salud mental y tratamiento de adicciones; el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral impulsará estrategias de inserción laboral; el Ministerio de Educación promoverá procesos de reinserción educativa; y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) facilitará programas de capacitación para el empleo.

También participarán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), responsable de la protección especializada de niños, niñas y adolescentes; el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que atenderá los casos vinculados a personas con discapacidad; los gobiernos locales, encargados de fortalecer la respuesta territorial; y otras entidades públicas cuyas competencias contribuyan a una atención coordinada y sostenible.

Entre las funciones de la Comisión figuran la elaboración de estrategias nacionales, la coordinación de servicios especializados, el seguimiento de casos, la generación de información para la formulación de políticas públicas y la promoción de acciones orientadas a la prevención, atención e inclusión social de las personas en situación de calle.

El Decreto también reconoce el papel de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, iglesias y grupos comunitarios, que durante años han brindado apoyo humanitario a esta población. El nuevo modelo contempla mecanismos permanentes de coordinación y colaboración con estos actores para fortalecer la respuesta estatal.